El Supremo de Kansas defiende que su Constitución protege derecho al aborto
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Washington — El Tribunal Supremo de Kansas estableció hoy que la Constitución de este estado protege el derecho a abortar, bloqueando de esta manera una ley estatal de 2015 que prohíbe someterse a un aborto a partir del segundo trimestre de embarazo, informaron medios de comunicación locales.
El alto tribunal falló que las protecciones de Kansas al “derecho a la autonomía personal” significan que el estado no puede concederse la prerrogativa de “controlar el cuerpo de alguien para afirmar la integridad corporal, y ejercer la autodeterminación”.
El derecho a la autonomía personal “permite a la mujer tomar sus propias decisiones respecto a su cuerpo, salud, formación de la familia y vida familiar; decisiones que pueden incluir si continuar un embarazo”, dijo el Supremo del estado.
Este dictamen, que reconoce que los amparos en Kansas podrían estar por encima de cualquier restricción federal, podría abrir el camino a disputas judiciales en otros estados que están intentando restringir el aborto.
La decisión de ese alto tribunal se produce en un momento en el que más de once estados del Medio Oeste y del Sur han aprobado leyes que prohíben abortar después de las seis semanas de embarazo, cuando en algunas ocasiones las mujeres ni siquiera saben que lo están.
El pasado 10 de abril, el Congreso de Ohio aprobó una de las normas antiaborto más restrictivas del país, que desautoriza este procedimiento si se detecta el latido del corazón en el feto.
Esa ley requiere que las embarazadas se sometan a una prueba de ultrasonidos en la vagina para detectar el latido del corazón del feto si quieren abortar.
A nivel federal, aunque en 1973 el Tribunal Supremo del país abrió la puerta a la legalización del aborto, en la última década estados conservadores como Texas, Michigan, Misuri o Virginia han puesto cortapisas legales para impulsar la que denominan agenda “provida”.
El fallo de 1973, en el caso “Roe vs Wade”, técnicamente no indicó que el aborto sea legal, sino que declaró inconstitucional la interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre la continuación de su embarazo.
