El Tribunal Supremo podría anular las cuotas sindicales obligatorias

Los jueces conservadores del Tribunal Supremo señalaron que están listos para dar una severa derrota a los sindicatos de empleados públicos al suprimir las cuotas obligatorias pagadas por los maestros y otros empleados públicos en casi la mitad de la nación.

La división ideológica y política entre los nueve jueces fue evidente a lo largo de la discusión del lunes. Los cuatro nombramientos demócratas del tribunal dijeron que la corte debe atenerse a su regla que establece que los sindicatos pueden cobrar una “cuota de participación equitativa” para todos los empleados que se benefician de la negociación colectiva.

Pero los nombramientos republicanos del tribunal estaban unidos en su determinación para anular la decisión de 1977 que respaldaba estas cuotas.

El juez Anthony M. Kennedy dijo que los maestros que no están de acuerdo con su sindicato están siendo obligados a subsidiar los esfuerzos del sindicato para bloquear la remuneración por mérito o vincular los salarios al desempeño en el aula, aunque no apoyen tales metas. Estos “son asuntos de interés público”, dijo, pero los maestros discrepantes están “siendo silenciados”.

Kennedy se refirió a las cuotas sindicales como un “discurso coercitivo”.

En muchos de los argumentos de la corte, los magistrados realizaron preguntas a ambos lados y parecieron por lo menos abiertos a la persuasión. Pero en la discusión del lunes, los jueces parecían como que hubieran tomado su decisión.

En cuestión están las leyes de California y de otros 22 estados sobre todo “demócratas” que autorizan a los sindicatos de empleados públicos a actuar como un agente de negociación y recolectar “cuotas de participación equitativa”, también conocidas como honorarios de la agencia, de todos los empleados. Bajo un veredicto anterior del Tribunal Supremo, los empleados no están obligados a pagar una segunda parte de la cuota sindical, la cual apoya las actividades políticas.

Hace tres años, el juez Samuel A. Alito Jr. planteó preguntas acerca de los honorarios de la agencia y sugirió que podrían violar los derechos de los empleados bajo la 1ra. Enmienda. En respuesta, un pequeño grupo conservador de Washington inició una demanda en California para desafiar la práctica.

La juez Elena Kagan dijo que el suprimir los honorarios de la agencia afectaría a “decenas de miles” de los contratos negociados colectivamente y podría afectar a “hasta 10 millones de empleados”.

Pero Michael Carvin, abogado de los nueve profesores de California que demandaron, minimizó la importancia de la decisión inminente. Dijo que más de nueve de cada 10 maestros de California pagan las cuotas completas del sindicato, incluyendo para las actividades políticas, por lo que una pérdida de los honorarios de la agencia sólo tendría un impacto menor, dijo.

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