Columna: las agencias de FasTrak, que podrían haber vendido sus datos privados, quieren ahora inmunidad legal

Las autoridades de tránsito en todo el estado han sido blanco de demandas que alegan que, entre otras violaciones a la privacidad, emplean ilegalmente la información de los dispositivos de carreteras en peajes -piense en FasTrak-, en ofertas de mercadotecnia para los conductores.

Las agencias de tránsito tomaron la amenaza legal tan en serio como para convocar a un senador estatal del sur de California y pedirle que presente una legislación que les otorgue inmunidad retroactiva, es decir, una suerte de tarjeta para salir de la cárcel por cualquier fechoría pasada. En la cuestión están en juego potencialmente miles de millones de dólares en multas. Y también su información personal.

“Las agencias de tránsito aparentemente afirman que ha habido tantas violaciones, que si no reciben protección retroactiva, podrían desaparecer”, explicó Rosemary Shahan, presidenta de Consumers for Auto Reliability and Safety, un grupo de presión de Sacramento. “Este proyecto de ley básicamente considera que todas esas cosas malas que hicieron, ahora son legales”, explicó.

Este es un tema complicado, y la legislación, el Proyecto de Ley 664 del Senado, está aún en desarrollo. Pero después de hablar con el autor de la norma, el senador estatal Ben Allen (demócrata de Santa Mónica), puedo darle el beneficio de la duda, aunque, como observaremos más adelante, sus métodos no fueron los deseables.

“Siempre he sido un tipo defensor de la privacidad”, dijo Allen, claramente sensible a las críticas de los defensores de los consumidores, respecto de que está vendiendo los datos de las personas. “Quiero ser útil para las agencias de tránsito”, explicó. “Esa es la única razón por la que estoy involucrado con este proyecto de ley. Tengo la intención de mantener las cosas realmente claras y no perder el tiempo en cuanto a problemas de privacidad”.

California está entrelazada con autopistas y puentes. La red de peajes en carreteras más grande del estado se encuentra en el condado de Orange, donde se registran más de 330.000 viajes diarios.

Un elemento del proyecto de ley de Allen es abordar lo que él llama “violaciones técnicas” de la ley de privacidad existente: operadores de peajes que comparten datos entre sí a medida que los conductores recorren diferentes jurisdicciones.

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Hasta siete demandas pendientes contra las agencias de tránsito sostienen que esto es ilegal. De hecho, así podría ser, al menos tal como la norma está escrita actualmente.

Pero esa “interoperabilidad” entre las agencias -así como con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)- es importante para el control de los peajes, por lo tanto parece apropiado aclarar que tienen necesidad de comunicarse entre sí.

En ese sentido, tal vez se justifique un grado de inmunidad retroactiva. Sospecho que la mayoría de nosotros no tenemos problemas de que se castigue a quienes esquivan los peajes.

Sin embargo, no todas las violaciones de privacidad alegadas en las demandas involucran operaciones técnicas. Algunas implican prácticas de mercadotecnia cuestionables, como el uso de los datos de tránsito de las personas para intentar venderles cosas.

Lori Myers, de 48 años, quien está demandando a varias agencias de tránsito del condado de Orange, afirmó que recibió numerosas promociones por correo electrónico para empresas locales, promociones que, según sospecha, están relacionadas con sus viajes diarios.

“Los correos electrónicos siempre llegaban después de que usaba los peajes”, dijo. “Parece muy sospechoso”.

Sin embargo, Kit Cole, una portavoz de las Agencias del Corredor de Transporte, que opera los servicios de FasTrak en ese condado, insistió en que tales promociones eran parte de un programa de recompensas de las autopistas y que los usuarios de FasTrak deben dar permiso antes de recibir propuestas por el estilo. “Si no se suscribe, no recibirá las promociones”, afirmó la vocera.

Myers, quien es abogada, aseguró que nunca optó por participar. “Definitivamente lo recordaría”, expuso.

Según Randy Rentschler, portavoz de la Autoridad de Peaje del Área de la Bahía, que también representa a las agencias del sur de California en este asunto, es necesaria una inmunidad retroactiva completa. “Precisamos esta legislación porque estamos gastando millones de dólares en querellas que consideramos superficiales”, consideró.

Entiendo lo que dice sobre la cuestión de la interoperabilidad. ¿Pero qué pasa con las propuestas de marketing?

“No hacemos eso”, insistió Rentschler. “Que se nos acuse de ciertas cosas no las convierte en verdaderas”.

Bien, entonces ¿para qué se necesita inmunidad retroactiva por violaciones de privacidad que no se cometieron?

Rentschler respondió que simplemente es necesario. “No voy a escribir leyes en el periódico”, agregó.

La Sección 31490 del Código de Calles y Carreteras del estado estipula que los “productos y servicios” se pueden comercializar a los suscriptores de transpondedores utilizando información de identificación personal “siempre que la agencia de transporte haya recibido el consentimiento expreso por escrito del suscriptor para recibir tales comunicaciones”.

El proyecto de ley de Allen, como está escrito actualmente, alivianaría eso y permitiría tales comunicaciones con “consentimiento electrónico afirmativo”.

Lo que eso significa es que, en lugar de hacer que los consumidores pasen por la molestia de proporcionar un “consentimiento por escrito” anticipado para la comercialización, algo que muy pocas personas harían, podría obtenerse un “consentimiento electrónico” haciendo que la gente marque una casilla en línea, algo que se puede hacer fácilmente por error.

Así se lo señalé a Allen.

“Voy a revisar eso”, prometió. “No estoy interesado en permitir que las agencias de tránsito hagan mucho marketing. Es muy fácil marcar una casilla que uno no quiso marcar”, respondió.

Sumado a todo ello está la forma en que Allen presentó su proyecto. El senador tomó un proyecto de ley relativamente inocente sobre guías de información para votantes que ya había recibido la aprobación del Senado, eliminó el lenguaje existente y lo reemplazó con su legislación de tránsito altamente compleja.

El proyecto de ley del Senado pasó luego a la Asamblea sin ningún debate público previo. Este proceso se llama “destripar y enmendar”, y ocurre con frecuencia en Sacramento para acelerar las leyes. Aún así, no es una forma debida de tratar asuntos importantes, especialmente aquellos con implicaciones de privacidad significativas.

Allen afirmó que había usado este proceso para actuar rápidamente, y que está seguro de que su legislación recibirá la examinación suficiente por parte de la Asamblea y el Senado.

“No podemos estar en una situación en la que podría haber miles de millones de dólares en responsabilidad sólo porque las agencias de tránsito compartieron nombres y direcciones entre sí”, expuso.

Eso es justo. A nadie le favorece que las agencias de tránsito de California, y los contribuyentes, estén en peligro legal sólo porque la norma existente no fue escrita con suficiente claridad como para reflejar cómo deben hacer negocios. Pero los defensores de los consumidores piensan que las agencias de tránsito piden demasiado.

“En el futuro, debe haber límites estrictos en la información que pueden recopilar y compartir”, expuso Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog, un grupo de defensa de Los Ángeles. “En cuanto al pasado”, consideró, “no debería haber inmunidad retroactiva, sino un acuerdo negociado que aborde las violaciones anteriores”.

Estoy de acuerdo, al menos en lo que respecta al posible marketing ilegal.

Las agencias de tránsito afirman que no hicieron nada malo. Entonces no tienen nada de qué preocuparse. ¿Cierto?

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