Crean fondo para ayudar a pagar fianzas de inmigrantes locales detenidos

SAN DIEGO — Los inmigrantes detenidos que no pueden pagar la fianza pronto podrán obtener ayuda de un fondo establecido por una coalición de organizaciones locales.

Borderlands Get Free Bond Fund, organizado por el Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego, está aceptando solicitudes de inmigrantes con vínculos con los condados de San Diego o Imperial. Es el primer fondo para fianzas que específicamente beneficiará a inmigrantes retenidos o que viven en los condados más al sur de California.

“Sabemos que generalmente las personas con los ingresos más bajos en nuestras comunidades son las que más sufren cuando se trata de la detención porque pasar por el sistema, es realmente caro”, dijo Lilian Serrano, presidenta del consorcio. “Este momento es crítico”.

Serrano dijo que como alguien que vive en una familia de estatus mixto, ha visto cuánta gente batalla por pagar fianzas para sacar a sus seres queridos de los centros de detención, mientras luchan por quedarse aquí.

La persona detenida es a menudo uno de los principales sostenes de la familia, dijo. Como esa persona no gana ingresos mientras está bajo custodia, es posible que la familia no tenga suficiente dinero para pagar la renta y mucho menos los honorarios de los abogados o la fianza.

“Conozco personas muy cercanas a mí que básicamente vendieron todo lo que tenían o se endeudaron. Han hecho de todo, desde ventas de tamales y rifas hasta pedir dinero prestado a los vecinos”, dijo Serrano. “En mi propia familia, tengo personas que aún años después están pagando el dinero que tuvieron que pedir”.

Se supone que los centros de detención de inmigrantes no deben detener a las personas como castigo. Los funcionarios solo tienen la autoridad de detener a las personas que esperan una fecha en la corte de inmigración si creen que esas personas no se presentarán a las audiencias o son peligrosas para la sociedad.

Asignar una cantidad de fianza es una de las estrategias que utiliza el gobierno federal para garantizar que las personas se presentarán en el tribunal de inmigración. Esa cantidad puede ser establecida por un juez en una audiencia de fianza o los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden establecer una fianza como parte de su decisión de liberar a alguien.

La fianza mínima para la corte de inmigración es de 1500 dólares. Para las personas de familias de bajos ingresos o solicitantes de asilo que llegan y que no tienen familia en los Estados Unidos, incluso esa cantidad puede ser inaccesible, dicen los defensores.

La abogada de inmigración Monika Langarica dijo que ha tenido muchos clientes que han batallado para pagar la fianza mínima, incluido uno que ha estado en el Centro de Detención de Otay Mesa durante aproximadamente ocho meses. Le ofrecieron una fianza hace unos dos meses, pero como es un solicitante de asilo que aún no ha estado en los Estados Unidos, no tiene a nadie que lo ayude a pagar la fianza.

Para otros que ya tienen tarjetas de residencia o green card y se enfrentan a la corte porque el gobierno quiere sacarlos, salir de la detención significa una oportunidad para reunirse con la familia y seguir trabajando para tener dinero que pueda pagar a los abogados, dijo Langarica.

Ella había soñado con un fondo para fianzas desde que comenzó a trabajar en San Diego hace un par de años.

“Como alguien que trabaja en la liberación literal de personas, sacándolos de los centros de detención y las jaulas, es poderoso”, dijo Langarica. “El impacto para las personas que son liberadas es enorme. No hay manera de exagerarlo”.

Ella dijo estar eufórica por lo que significa el fondo no solo para sus clientes que batallan por pagar, sino también para las personas detenidas que no tienen abogados.

Si bien las personas que enfrentan un tribunal penal reciben abogados, si no pueden pagar uno, eso no sucede en el tribunal de inmigración.

Los estudios han demostrado que tener un abogado afecta significativamente el resultado de un caso, y contratar a un abogado mientras se encuentra dentro de un centro de detención es difícil. La mayoría de las personas detenidas por inmigración no tienen abogados que las representen, dijo Langarica.

Ser detenido y sin representación significa poca probabilidad de ganar un caso, dijo Langarica, porque el detenido tiene que tratar de reunir pruebas u obtener traducciones de documentos desde el interior de la instalación.

Elizabeth López, abogada de inmigración que trabaja exclusivamente con solicitantes de asilo, tuvo un cliente reciente que sobrevivió a la tortura y no pudo pagar la cantidad de 3000 dólares que los funcionarios de ICE le fijaron para salir de la detención.

Estar en detención le causó depresión, recordó López, y le dificultó a su cliente reunir pruebas suficientes para demostrar lo que había pasado. La familia de otro cliente terminó reuniendo dinero de los miembros de la comunidad para ayudarle a pagar.

“La gente simplemente no entiende que los sobrevivientes de tortura no deben ser encarcelados”, dijo López, quien es directora ejecutiva del Proyecto de Inmigración del Sur de California. “Simplemente los vuelve a traumatizar”.

Ali Torabi, activista local que forma parte del comité que decidirá qué solicitudes son aprobadas para aprovechar el fondo de fianzas, dijo que dar a los inmigrantes la oportunidad de salir de la detención resuena con él por lo que le sucedió a su madre hace años.

Torabi, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, llegó a los Estados Unidos desde Irán con su madre y su hermano cuando era un niño. Ellos llegaron con visas y se quedaron más de lo permitido.

Cuando su madre intentó ajustar su estado y fue a una entrevista con funcionarios de inmigración en 2010, fue arrestada y llevada al centro de detención de Otay Mesa, dijo.

Recuerda sentirse desamparado, no saber cuándo saldría o a quién recurrir en la comunidad.

ICE mantuvo a su madre por varios meses antes de liberarla. La agencia no pudo deportarla a Irán porque Estados Unidos no tiene relaciones con el país, dijo.

Como activista, Torabi escucha a miembros de la comunidad, especialmente en el norte del condado, cuyos padres han sido detenidos bajo las políticas de la actual administración.

“La separación familiar se lleva a cabo en la frontera, pero no solamente en la frontera”, dijo Torabi. “Ha estado sucediendo dentro de los estados durante décadas”.

El fondo tiene un formulario en línea para aquellos que desean ayuda para pagar una fianza, así como un portal para las personas que desean realizar donativos.

Morrissey escribe para el U-T.