Exigen mayor autoridad para panel de ciudadanos que vigila a los agentes del Sheriff de L.A

Un grupo de activistas comunitarios exige a la junta de supervisores del condado que los nueve miembros de su panel, quienes están a cargo de vigilar el comportamiento de los agentes del Sheriff de Los Ángeles, adquieran más poder legal.

Asimismo, los activistas de Dignity and Power Now (DPN), una organización contra el abuso policial y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, piden el cambio de algunos miembros del panel que anteriormente trabajaron para las autoridades.

La acción llega después de que Jim McDonnell, jefe del Sheriff, ha dicho que busca enviarle a la procuraduría los nombres de unos 300 agentes con historial de mala conducta.

En noviembre, la Junta de supervisores de Los Ángeles estableció formalmente el panel civil que debe vigilar el trabajo de los agentes de la ley.

El panel compuesto por un total de nueve personas y un director, puede apoyar en la dirección del trabajo de los agentes y hacer sugerencias. Ninguno de los comisionados tiene el poder de acceder a los records personales y documentos de investigaciones sobre el mal comportamiento de los agentes, dentro de los cuales se encuentran unos 300.

Estas limitaciones, aunado a que el panel se compone de algunas personas que trabajaron anteriormente en la aplicación de la ley, es un cóctel perfecto para el mal rendimiento de cuentas, sostienen activistas.

“La credibilidad depende de quién sea miembro del comité”, destaca Mark-Anthony Johnson, miembro de DPN), que pide el cambio de J.P. Harris un antiguo teniente de LASD.

Otros comisionados que también trabajaron en la implementación de la ley son Robert Bonner, un antiguo fiscal y juez, y Leal Rubin, otro antiguo fiscal.

“Si vamos a prevenir el tipo de abuso expuesto bajo el antiguo Sheriff Lee Baca y su ayudante Paul Tanaka, esta comisión debe tener líderes comunitarios independientes, y aquellos quienes saben de primera mano las condiciones dentro de las cárceles”, agrega Johnson al hecho de que dentro del panel solo hay un latino.

El grupo de activistas afirma que la cárcel continúa violando los mandatos del Departamento de Justicia (DOJ) en materia de salud mental, incluyendo la observación sistemática de los presos que se consideran de alto riesgo. De hecho, agregan, se han reportado dos muertes en la última semana.

“Durante los últimos cuatro años, hemos estado peleando para responsabilizar el mal comportamiento de los agentes… Hemos ganado la creación del panel, pero sin su poder para acceder antecedentes de investigación de agentes y documentos médicos de reos, no podemos encontrar la verdad de lo que sucede en las cárceles”, dice Patrisse Cullors, fundadora de DPN.

La activista agrega que aunque hay personas de mucho valor dentro del panel de comisionados, también existe un conflicto de interés al permitir que haya gente con historial profesional policial.

“Sabemos que la policía no puede aplicarse la ley asimisma, queremos que saquen a todo aquel que trabajó con el sheriff y esperamos que la nueva junta, mayormente de mujeres, se siente en la mesa con nosotros para trabajar”, dice Cullors.

En respuesta a las exigencias, Brian Williams, el director del panel, y el único que cuenta con un salario, señala que los nueve comisionados voluntarios tienen la tarea de enfocarse en crear nuevas pólizas en lugar de involucrarse en las acciones disciplinarias en contra de los agentes.

Aunque los activistas han luchado para que los comisionados obtengan el poder de la citación y adquisición de documentos de investigación legal, la junta de supervisores no tiene la autoridad para concederles este poder sin cambiar algunos reglamentos y modificar legislaciones a nivel estatal.

Tras la creación del panel, el supervisor Mark Ridley-Thomas sostiene que este “es uno de los pasos más importantes para reformar el departamento” que por años ha tenido mala reputación sobre su conducta tanto en las cárceles como en las calles.