Entre el temor y la necesidad; inmigrantes no piden servicios para no ser “carga pública”

LOS ÁNGELES —  El temor de ser considerada una “carga pública” para el gobierno, ha impedido a Rosa Martínez solicitar asistencia de comida para sus tres hijos a pesar de poder calificar debido a sus ingresos bajos.

Su preocupación es que a la hora de modificar su estado migratorio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), la rechace por haber obtenido el apoyo.

Desde hace seis meses que Martínez trabaja tiempo parcial como afanadora en un hotel y el alimento de la familia está racionado. Hay arroz, frijol y mucha pasta, porque son “llenadores”, dice la señora. Pero en este hogar las carnes y el jamón son escasos, y el cereal se compra cuando los niños de siete, tres y dos años de edad “se portan bien”, agrega Martínez.

Lo que la residente de Los Ángeles no sabe es que existen varios beneficios públicos a los que ella y su familia son elegibles a pesar de su estatus migratorio, y que USCIS no considera como carga pública, señalan expertos.

Entre la asistencia que el gobierno ofrece se encuentran los programas de alivio para desastres, el tratamiento de las enfermedades transmisibles, las vacunas, los servicios de nutrición, algunos servicios de salud y otros programas que no dan dinero en efectivo a largo plazo.

Por su parte, Martínez ya tomó la decisión… “No voy a pedir ayuda. No quiero que el gobierno piense que necesito que me mantenga. Estoy atravesando una racha económica [complicada] y no solo por eso voy a arruinar mi oportunidad de obtener la residencia en este país”.

La falta de información

El temor de Martínez no es un sentimiento aislado para los inmigrantes indocumentados sino también para los que son residentes permanentes.

La misma agencia de USCIS admite que “las leyes de inmigración y de asistencia han generado cierta preocupación sobre si un extranjero puede enfrentar las consecuencias adversas [de la deportación o el rechazo de su estadía permanente] por haber recibido beneficios públicos estatales, federales o locales”.

Aunque USCIS no cuenta con estadísticas sobre las personas que no reciben la residencia por ser consideradas una carga para el país, “USCIS recomienda a los ciudadanos no estadounidenses a tomar decisiones informadas sobre si se debe aplicar para cierto apoyo para asegurar que se mantienen elegibles para los beneficios de inmigración”, señala Claire Nicholson, vocera de USCIS.

Mucha de la preocupación se deriva de la falta de conocimiento, sostiene la abogada de inmigración, Elizabeth Uribe.

“Con las elecciones presidenciales que vienen, los ataques a los inmigrantes indocumentados y el ambiente anti inmigrante, muchos piensan dos veces en recibir los servicios, sean o no residentes permanentes pero la realidad es otra”, dice Uribe.

USCIS considera “carga pública” a “un individuo que es probable que se convierta en depende principalmente del gobierno para su subsistencia, ya sea a través de asistencia pública en efectivo como principal entrada de su ingreso o la institucionalización de cuidado a largo plazo a expensas del gobierno”.

La abogada sostiene también que la asistencia pública no es componente único que determina la admisión de una persona, ya que la agencia estudia otros factores como la edad, la salud, estado financiero, récord criminal, educación y falta de habilidades del individuo.

La misma agencia de USCIS corrobora que recibir ciertos beneficios públicos no significa automáticamente que una persona es una carga pública.

También señala que por ley, a los residentes permanentes que poseen “la tarjeta verde”, no se les puede negar la ciudadanía por recibir cualquier beneficio público al cual son elegibles.

La desconfianza

Por ejemplo, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, mejor conocido como WIC registra un descenso de entre 15 a un 20 por ciento de participación en el estado de California a pesar de no considerarse un programa de “carga pública”.

Los funcionarios de WIC no saben el por qué de la disminución de la participación, no obstante algunos testimonios de la comunidad aseguran que no toman este servicio por la duda en cómo pueda afectarles en el proceso migratorio.

Otro servicios que muchos desconfían en tomar es Medi-Cal. De hecho con la entrada del nuevo servicio de Medi-Cal avanzado para los niños menores de bajos recursos sin documentos legales, varios funcionarios le piden a la gente que registre a sus hijos sin miedo.

Bajo la ley de California, unos 170 mil menores indocumentados resultarían beneficiados.

“Le estamos diciendo a los padres de familia que no teman en pedir la asistencia por su estado legal, ya que no se les va a penalizar a la hora de tramitar su residencia”, sostiene Elvia Delgado, vice presidenta de mercadeo de AltaMed, una organización de clínicas sin fines de lucro.

Las cifras

Según un nuevo reporte del Center for Inmigration Studies, más de la mitad de la nación de inmigrantes (el 51 por ciento), reciben algún tipo de ayuda pública gubernamental.

Entre estos inmigrantes se encuentran individuos que ya obtuvieron la ciudadanía, la residencia permanente, algunas bajo visas cortas y algunos sin documentos legales.

Entre los beneficios se encuentra Medicaid, estampillas de comida, almuerzos escolares y asistencia para vivienda.

La mayoría de los inmigrantes que utilizan los beneficios provienen de América Central, México y el Caribe. El uso de los beneficios es menor para los inmigrantes de Asia del Este (32 por ciento), Europa (26 por ciento) y Asia del Sur (17 por ciento).

¿Pedir o no pedir beneficios?

USCIS enfatiza que todos los casos son estudiados individualmente, por lo que la asistencia de ciertos programas no es factor exclusivo en el rechazo de una permanecía legal.

La abogada Uribe añade que es vital que la gente se informe y siempre sea honesto con las autoridades de USCIS aún si ha recibido algún programa que pueda afectarle.

“USCIS no te va a descalificar automáticamente aún si pides algún servicio considerado carga si fue durante una emergencia. No obstante, debes ser honesto al llenar tu papeleo y asegurarte de presentar tu caso ante un abogado que pueda asesorarte”, dice la abogada.

Servicios que no son considerados carga pública

• Programas como Medi-Cal, Healthy Families, cuidado prenatal y otros servicios gratis o de bajo costo en las clínicas o centros de servicios (que no sean de cuidado a largo plazo).
• Programas de comida tales como Estampillas de Comida (SNAP), el programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, mejor conocido como WIC, el servicio de comida gratis para niños en las escuelas y otros tipos de programas de alimento para emergencias.
• Otros programas que no dan dinero en efectivo como vivienda pública Head Start, entrenamiento para obtener empleo, consejería, vivienda a corto plazo y el cuidado de crianza y la ayuda para la adopción.
• El servicios de beneficios para niños TANF que no otorgue dinero en efectivo.
• El servicio de asistencia para pagar la luz como LIHEAP.
• La institucionalización para rehabilitación no se toma como cargo público si esta asistencia es corta.
• Compensación de desempleo

Beneficios sujetos a considerarse “carga público”

• Toda asistencia en efectivo para el mantenimiento total de una persona, lo que incluye el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), cualquier asistencia en efectivo de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) a largo plazo.
• Otros programas de asistencia en efectivo estatales o locales para el mantenimiento de los ingresos, a menudo llamados “programas de asistencia general”.
• La asistencia pública, incluyendo Medicaid, que se utiliza para apoyar a los inmigrantes indocumentados que residen en una institución de cuidados a largo plazo como un hogar de ancianos o una institución de salud mental.

Para más información sobre estos servicios ingresar al https://www.uscis.gov/news/fact-sheets/public-charge-fact-sheet