Corte Suprema podría mitigar el poder de los sindicatos en el sector público

El caso Friedrichs contra la California Teachers Assn. que se discutirá ante la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes, podría por primera vez balancear significativamente el estado y el poder político local, desde el surgimiento de los sindicatos del sector público en los años 1960 y 1970.

El caso se refiere a las leyes en California y otros 22 estados que permite a los sindicatos del sector público obligar a todos, -amparado por su contrato-, a contribuir con dinero a la unión - incluso si un trabajador no quiere pertenecer al mismo. Durante décadas, estos estatutos han aumentado las listas de miembros e inflado las arcas de los sindicatos para maestros y otros trabajadores del gobierno, convirtiéndolos en potencias políticas y en la columna vertebral del Partido Demócrata. Todo eso podría cambiar si el tribunal dicta a favor de los demandantes, un grupo de nueve profesores dirigido por Rebecca Friedrichs, quien ha sido maestra de primaria durante 26 años, la más reciente en Anaheim.

Sindicatos del sector público se convirtieron en potencias políticas esencialmente por cooptación de dinero en efectivo, y por lo tanto la voz de las personas que se oponían a sus puntos de vista.

La base constitucional para el status quo de la Junta de Educación es el caso Abood vs Detroit. En la decisión tomada en 1977, la Corte Suprema dijo que a pesar de que los trabajadores no pueden ser obligados a afiliarse a un sindicato, deben pagarle para negociar con la administración en su nombre. A estos cobros hechos a los miembros no sindicalizados se les llama “gastos de agencia”.

La decisión se basaba en dos ideas conectadas, las cuales siguen enérgicamente apoyadas por los trabajadores organizados. La primera es la “representación exclusiva”: A través de un único voto sindical, una mayoría puede obligar a todos a aceptar una unión como su agente en la negociación colectiva. El segundo es el argumento de “free rider” (beneficiarios gratuitos): Si un sindicato representa a todos los trabajadores por igual, entonces, los miembros y no miembros por igual deben pagar una parte justa de los costos.

En los estados donde las leyes protegen los honorarios de agencia, significativamente más empleados públicos se convierten en miembros del sindicato. El politólogo de la Universidad de Stanford, Terry M. Moe, por ejemplo, encontró que más del 90% de los docentes pertenecen a los sindicatos en los estados que permiten la comisión de agencia, en los estados que no lo hacen, sólo el 68% de los docentes están sindicalizados.

¿El hecho de que los gastos de agencia casi siempre son la misma cantidad que la cuota sindical, es el motivo por lo que muchas personas simplemente se unen al sindicato?, están pagando por ella de todos modos.

Los problemas de la 1ª Enmienda inherentes a la obligación de pagar a los sindicatos de empleados públicos deberían ser obvios. La primera es que el dinero es fungible. Abood imaginó una clara línea que separa el gasto político y los costos de negociación colectiva. Sin embargo, en la práctica, si el dinero proviene de las cuotas o gastos de agencia, el sindicato sólo obtiene más dinero para gastar.

Además, cuando un no miembro opta plenamente por estar fuera del gasto político, tiene que rechazar de forma explícita (por lo general por escrito), el pago de cuota que la agencia de reivindicaciones sindicales asigna a la política. Algunos trabajadores se olvidan de hacerlo, dando como resultado, que estados como California, con honorarios de agencia, los sindicatos de empleados públicos constantemente se encuentren entre los principales gastadores políticos.

Los sindicatos también interpretan generalmente como categorías de gasto la “educación de los miembros” y muy frecuentemente los asuntos relacionados con volantes, correos electrónicos y anuncios se ven y suenan mucho a incidencia política.

En segundo lugar, cuando se trata de sindicatos del sector público, todas las cuestiones objeto de negociación colectiva son inherentemente políticas. Incluso los salarios son una cuestión política - porque los sindicatos invariablemente afirman que una cantidad más alta de dinero proveniente de los impuestos debería gastarse en sueldos o pensiones de los trabajadores públicos en lugar de otras prioridades. Por lo tanto, incluso si una estricta separación de negociación y cabildeo de gastos fuera posible, quienes no son miembros igualmente terminarían apoyando posiciones políticas con las que tal vez no son compatibles.

El juez Samuel A. Alito Jr. aludió a este problema en su decisión en un caso reciente, Knox vs. SEIU: “La negociación colectiva [en el sector privado] concierne a la Unión gestionar con el empleador, la incidencia política y cabildeo se dirigen en el gobierno, pero en el sector público, tanto la negociación colectiva, incidencia política y cabildeo se dirigen en el gobierno”.

La cuota de agencia, viola entonces el derecho de un trabajador no sindicalizado a la libertad de expresión y asociación. Alito escribió también que la preocupación por los ‘free riders’ (beneficiarios gratuitos) no era suficiente para superar las objeciones sobre la 1era Enmienda.

Sindicatos del sector público se convirtieron en potencias políticas esencialmente por cooptación del dinero en efectivo, y por lo tanto, la voz de las personas que se oponían a sus puntos de vista. Los empleados públicos, sin duda, se han beneficiado de esa influencia, pero ha hecho que el gobierno sea más caro para los contribuyentes y menos eficiente para todos los demás. La Corte Suprema tiene la oportunidad de restablecer cierto equilibrio.

Daniel DiSalvo es profesor de ciencias políticas en el City College de New York-CUNY y becario en Manhattan Institute. Es autor de “Government Against Itself: Public Union Power and Its Consequences.”

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Traducción: Diana Cervantes

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